A mediodía, Ricardo Salvatierra entregó sus mensajes al equipo investigador por medio de su abogado. Los archivos fueron preservados y comparados con los registros disponibles. Algunos mensajes confirmaban conversaciones entre Ricardo y Daniel sobre el cierre de expedientes. Otros mostraban que Ricardo había solicitado mantener a Gabriela fuera de determinados proyectos después de sus quejas. En uno de ellos, Ricardo escribió:No quiero que vuelva a cuestionar mis decisiones delante del equipo. Si sigue insistiendo, tendré que buscar otra manera de manejarla. Daniel respondió:No tomes ninguna decisión disciplinaria sin documentarla correctamente. El mensaje siguiente de Ricardo decía:Entonces asegúrate de que la dirección no convierta esto en un problema mayor. No era una conversación que absolviera a ninguno de los dos. Tampoco demostraba que Daniel hubiera ordenado cada represalia.
Pero sí ofrecía una base para investigar cómo se habían gestionado las quejas y si las decisiones posteriores habían sido justificadas. Cuando Ricardo recibió una solicitud formal para prestar declaración, acudió acompañado de su abogado. Esta vez no llevaba la arrogancia que había mostrado en la heladería. Se sentó frente a Clara y mantuvo las manos entrelazadas. —Quiero explicar lo que pasó —dijo. —Tendrá la oportunidad de hacerlo —respondió Clara—. Pero primero necesitamos que responda a las preguntas sobre su gestión. Ricardo habló durante casi dos horas. Reconoció que había presionado a Gabriela después de su queja, aunque intentó describirlo como una diferencia profesional. Admitió que había minimizado el informe de Miguel sobre el vehículo. Y finalmente reconoció que había pedido a Daniel que evitara que los conflictos regionales llegaran a la dirección ejecutiva.
—Creía que estaba protegiendo los resultados —dijo. Clara lo miró sin apartar la vista de sus notas. —¿Y considera que eso justifica que una empleada perdiera oportunidades profesionales después de presentar una queja? Ricardo bajó la cabeza. —No. —¿Considera que justifica que un vehículo saliera sin que se hubiera aclarado una advertencia de mantenimiento? —No. —¿Y considera que justifica haber pateado a una mujer que utilizaba muletas porque su helado manchó sus zapatos? Ricardo cerró los ojos. —No. Por primera vez, no añadió ninguna excusa. Pero la investigación no dependía de que expresara arrepentimiento. Los documentos, los testimonios y la grabación de la heladería serían examinados por las autoridades y por los responsables laborales correspondientes.
Alejandro recibió el resumen aquella tarde. Después de leerlo, pidió que se mantuvieran separadas las decisiones corporativas y el procedimiento penal. —La empresa debe responder por lo que ocurrió dentro de sus oficinas —dijo a Martín—. La policía y los tribunales determinarán las consecuencias legales de la agresión. —Así se hará. —Y quiero que las personas que presentaron las quejas reciban una explicación formal sobre cómo se revisarán sus casos. Martín asintió. —Podemos organizar entrevistas individuales y establecer un canal independiente para las reclamaciones pendientes. Alejandro miró por la ventana. —Hagámoslo.
Tres semanas después, la junta directiva recibió el informe final de la primera fase de la investigación interna. No todas las preguntas habían quedado resueltas. La autoría exacta de la modificación de las iniciales requería pruebas adicionales, y algunos registros antiguos estaban incompletos. Sin embargo, varias conclusiones ya podían sostenerse. Daniel Foster había participado en la consolidación de informes que omitían expedientes relevantes y no había garantizado que las discrepancias se elevaran a la dirección. Thomas Reed había conocido problemas en la documentación y había permitido que permanecieran sin una corrección adecuada. Ricardo Salvatierra había ejercido represalias contra empleados que cuestionaron sus decisiones y había contribuido a minimizar quejas que merecían una revisión formal. La junta acordó apartar a los tres de sus funciones mientras se completaban los procedimientos correspondientes y se determinaban las medidas definitivas. También aprobó una revisión independiente de los expedientes laborales de la región, la recuperación de los informes omitidos y un nuevo mecanismo para que los empleados pudieran denunciar represalias sin depender de sus supervisores directos. Alejandro no pidió que se hicieran excepciones. Tampoco exigió que todos fueran despedidos para ofrecer una demostración pública de autoridad. Quería decisiones proporcionadas a los hechos, respaldadas por pruebas y aplicadas de acuerdo con las normas de la empresa. La agresión contra Valeria seguiría su propio curso legal. La revisión laboral continuaría. Y las personas perjudicadas recibirían la oportunidad de contar lo sucedido sin que sus casos fueran descartados antes de ser examinados.